La próxima semana se incorporan a la base de datos “Todos los nombres” las ocho mil muertes documentadas en la provincia por la represión franquista.
La primera jornada del programa “Dos : Badajoz-Madrid” se abrió con el diálogo entre dos de los historiadores más especializados en el estudio de los hechos acaecidos en ambas ciudades durante la guerra civil española, Alberto Reig Tapias y Francisco Espinosa.
Reig Tapias, afirmó que “los hechos históricos sobre la matanza de Badajoz están relativamente establecidos” y alertó sobre el uso del término “la leyenda de Badajoz” por parte de estos revisionistas, de los continuos ataques que sufren tanto él como Espinosa al calificarlos como “historiografía marxista y leninista”, o de argumentos tan pobres como que “las fuerzas atacantes respondieron con la represión al terror previo cuando en Badajoz sólo se produjeron 44 muertos en las fuerzas regulares que tomaron la ciudad y personas como los hermanos Pla, que impidieron personalmente las sacas de los izquierdistas en la ciudad, terminaran fusilados”.
Reig Tapias consideró que estos autores están reproduciendo la misma estrategia que a finales de los sesenta el entonces ministro franquista Fraga Iribarne y el historiador Ricardo de la Cierva desplegaron contra autores extranjeros como Hugh Thomas, Gabriel Jackson, “La técnica es muy simple : o los testigos del momento mentían impresionados por el terror ; o los periodistas Mario Neves y Jay Allen eran unos izquierdistas que no se ajustaban a los hechos ; o la matanza de Badajoz formaba parte de la propaganda comunista de la época en Madrid. La realidad -para Reig Tapias- es que el propio Yagüe reconoció al periodista del New York Times, John Whitaker, que había matado a cuatro mil rojos para que Badajoz no volviera a ser republicano”.
Para Reig Tapias “no existe una causa efecto entre el asalto a la cárcel modelo de Madrid o Paracuellos del Jarama y la matanza de Badajoz”. Según él, “en la primera, se produjeron fusilamientos arbitrariamente, matando a Melquíades Álvarez, al General Capaz o a Albiñana, y dejando libres a Fernando Primo de Rivera o a Lizarra, compañero de Mola en el levantamiento militar, fruto del desconocimiento de los milicianos que asaltaron la prisión para parar una fuga masiva. En Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz, donde murieron dos mil personas, parece ya claro que se debió a agentes soviéticos infiltrados entre los cuerpos de policía, al conflicto entre comunistas y anarquistas por el control de los caminos y por el desgobierno en el que se vivían los últimos días de la República”.
POLÍTICA DEL PATRIMONO DOCUMENTAL
por su parte, Francisco Espinosa defiende la tesis de que “la política de represión franquista obedecía a un plan de exterminio preconcebido contra el adversario político”. Fue más contundente en sus reproches : “Todavía tenemos que aguantar que la derecha niegue la matanza -dijo- a través de una absurdo baile de números que no conduce a ningún sitio : ¿Es que son pocas setecientas personas para calificar estos hechos como matanza, si ése es el número que está documentado en el mismo registro civil entre agosto de 1936 y enero de 1937 ?”.
Para él, las crónicas de Neves y las imágenes del cameraman René Burch son los documentos que avalan tales hechos y desgranó las dificultades con las que se encuentran un historiador al intentar reconstruirlos : “miles de personas nunca inscritos como fallecidos por miedo o por los trámites burocráticos, inexistencia de documentos en los archivos municipales y la dificultad de conseguir testimonios orales en una ciudad marcada por el miedo y por la emigración”.
“La transición amnistió todos los delitos desde 1936 a 1975 sin conocer los hechos -afirmó Espinosa- y desde el poder se propició la destrucción de los documentos como en la etapa de Martín Villa con los Archivos del Movimiento y de la Falange”. Espinosa se quejó de que “nunca ha existido en España una política clara respecto al patrimonio documental y de que aún hoy existen numerosos fondos documentales militarizados y en manos de personal no cualificado”.
Espinosa considera que, tras las investigaciones del profesor Julián Chaves y las suyas, “podemos elevar a entre doce o trece mil personas represaliadas en la provincia de Badajoz, que eleva a más de cuarenta mil personas sólo en el suroeste español” y criticó a la Comisión Interministerial para la Memoria Histórica “que ha perdido la oportunidad de reconocer la dignidad que sí hizo el franquismo con sus víctimas”. “Confío en que alguna vez sepamos por primera vez el alcance de la represión franquista en algunas ciudades”, sentenció.
LOS HISTORIADORES
Francisco Espinosa nacido en Villafranca de los Barros, autor del libro “La columna de la muerte”, y especialista en la represión en el suroeste español, forma parte del equipo de investigación que elabora la base de datos “www.Todoslosnombres.org” que documenta y registra los nombres y expedientes de todos los represaliados andaluces y que -según anunció el propio Espinosa- “incorporará a partir de la próxima semana las ocho mil muertes que dejó la represión franquista en la provincia de Badajoz”.
Alberto Reig TApias es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rovira i Virgili de Gerona, es autor de títulos como “La represión franquista y la guerra civil”, “La guerra civil : los mitos de la tribu” y que fue asesor de RTVE para la serie emitida en 1987 “España en guerra 1936-1939”, coordinada por el profesor Manuel Tuñón de Lara y que propició la adquisición y digitalización de ochenta mil metros de película cinematográfica localizadas por este equipo investigador en distintas partes del mundo.
Ambos historiadores han publicado recientemente dos libros, “Antimoa” y “Contra el olvido” en el que combaten reinterpretaciones de autores revisionistas como Pío Moa o Martín Rubio a partir de explicaciones tan simples como que, el primero, “jamás ha estado ni ha visitado ninguna fuente documental en Badajoz”.
Fuente : Extremadura al día / 18 nov 2006 actualizado
Par :
Cecilio Gordillo
