Se presenta la primera querella ante los Juzgados de Granada por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Dictadura franquista

Ayer, 27 de enero, se presentó en Granada la primera querella contra el Franquismo por crímenes de lesa humanidad. Reproducimos la nota de CEAQUA, colectivo en donde también participa CGT Memoria Libertaria:

En el día de hoy, Isabel Alonso Dávila, estudiante de la Universidad de Granada durante la dictadura franquista, ha presentado ante los Juzgados de esta ciudad la primera querella en Andalucía por crímenes contra la humanidad como consecuencia de la detención que sufrió el 10 de octubre de 1975.

En la querella se ha denunciado los malos tratos sufridos por la militante antifranquista, Isabel Alonso Dávila, durante la detención por parte de la Brigada Político-Social el 10 de octubre de 1975, en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, sita entonces en las intersecciones entre la calle Duquesa, la calle Jardín Botánico y la Plaza de los Lobos. Durante 8 días, Isabel sufrió agresiones contra su integridad psicológica, moral y sexual, vulnerando sus derechos fundamentales.

La detención se produce en el contexto de represión del movimiento estudiantil antifranquista de la Universidad de Granada donde cientos de estudiantes fueron represaliados. Muchos de ellos eran detenidos, secuestrados, torturados, se les obligaba a dejar los estudios o se les multaba por el hecho de defender los derechos y las libertades democráticas. Esta misma situación se dio en universidades del conjunto del Estado español.

Esta querella, se suma a las más de 115 querellas criminales presentadas en todo el Estado, exigiendo la investigación judicial de crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que hasta la fecha continúan impunes.

Hasta el momento, la respuesta por parte de los Juzgados y Tribunales españoles a la presentación de dichas querellas ha resultado bastante uniforme, en el sentido de inadmitirlas a trámite y archivarlas, salvo alguna excepción que está aún pendiente de resolverse definitivamente.

La actual ley de Memoria Democrática aprobada hace casi dos años consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y socava e infringe, una vez más, los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas. Así se constata por medio del Auto 57/2024 dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional que señala que el articulado de esta ley no habilita para investigar los crímenes franquistas.

Los juzgados españoles continúan apoyándose en la Ley de Amnistía y en el principio de legalidad, como principales argumentos para impedir la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes

Desde CEAQUA esperamos que el criterio judicial mantenido hasta la fecha sea modificado y, de una vez por todas, se reconozca el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos durante la dictadura franquista y la Transición.

Desde CEAQUA seguimos interpelando a los Jueces y Magistrados españoles para que pongan fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha, en consonancia con la misma política mantenida por el resto de los poderes del Estado, y que como consecuencia de la presentación de esta querella den una respuesta acorde a los estándares internacionales exigidos en este ámbito.

El seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación judicial de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática, siendo éstas absolutamente necesarias para expulsar de nuestras instituciones las múltiples lacras heredadas de la dictadura y que aún perviven.

Durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos, desde CEAQUA queremos interpelar al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios que conforman el Poder Legislativo para recordarles que su inacción para revertir las políticas de impunidad impiden el reconocimiento pleno de los derechos de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición. Por ello a los cincuenta años de la muerte del dictador, debemos seguir denunciando los 50 años de impunidad mantenidos por el Estado español.