La Junta de Andalucía financiará pruebas genéticas para la identificación de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra y de familiares que han denunciado la sustracción y adopción sin autorización de bebés recién nacidos, según establece un convenio entre el Gobierno autonómico y la Universidad de Granada (UGR) cuya firma ha presidido este martes en Sevilla la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Tras la rubrica del acuerdo, Díaz ha subrayado que el documento representa el “compromiso, responsabilidad y obligación” que tiene la Junta con las víctimas de la guerra porque “tienen derecho a encontrar a sus seres queridos y darles un entierro digno, darles esa paz que merecen, restituir honor y al mismo tiempo, cerrar heridas”.

Además, ha destacado la novedad de este acuerdo de incluir la prueba genética para los hijos que se sustrajeron de sus familiares en el momento de nacer y que se habían dado en adopción sin autorización. “Creo que es un paso importante para recuperar la dignidad de esas familias, para sanar ese dolor”, ha declarado Díaz, quien ha deseado “que en el futuro esta sociedad aprenda de lo que paso y que nunca más vuelva a repetirse”.

El convenio, que cuenta con una inversión total de 1.087.500 euros para cuatros años, complementa el que se suscribió en junio de 2016 entre ambas instituciones. Este permitió la puesta en marcha del Banco de AND de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, aspecto en el que ha hecho hincapié la presidenta ya que “Andalucía es una de las cuatro comunidades autónomas que lo tienen”, junto a Cataluña, País Vasco y Navarra.

En concreto, el trabajo de exhumaciones lo coordina la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, y con este convenio se suma ahora la colaboración de la Consejería de Salud para recabar muestras genéticas de los familiares a través de los centros de salud, mientras que la Universidad de Granada facilitará los medios técnicos y humanos para llevar a cabo el análisis.

La presidenta ha advertido a la rectora de la UGR, Pilar Aranda, presente en el acto, de “las dificultades en el camino por el tiempo que ha transcurrido” y la situación en la que se pueden encontrar muchos restos óseos que se hallen, pero ha enfatizado en que “se está haciendo una apuesta importantísima, innovadora y que puede permitir a otras familias encontrar a sus seres queridos”.

Por su parte, la rectora de la UGR ha valorado la firma del convenio como un hecho importante para la Universidad de Granada, “pero más aún para defender lo principal que tienen las personas que es su dignidad”.

En este sentido, ha detallado que su institución va a realizar el “trabajo riguroso” que le corresponde por la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. “Nos compromete a todos los ciudadanos y muy especialmente a los que velamos por el conocimiento y por ponerlo al servicio de la sociedad”, ha razonado.