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-¿Cuáles son las razones para poner en marcha la campaña sobre la modificación de los registros civiles ?
Hemos detectado “vacíos” o, mejor dicho, un ocultamiento de información en los registros civiles de muchas localidades de Andalucía, principalmente en aquellas donde triunfó en los primeros días el golpe de Estado y donde hubo miles de asesinados, algo que no se dio en los territorios controlados por la República. Esto quiere decir que no tenemos, en la inmensa mayoría de los casos, ni el cuerpo pero tampoco sus nombres y, por consiguiente, la causa de sus muertes. Son desaparecidos física y legalmente. Tenemos en los libros de registros miles de nacidos que nunca llegaron oficialmente a morir.
-La ley que exigen, ¿qué cambios debería recoger ?
No estamos pidiendo una nueva ley sino las modificaciones necesarias para que las instituciones, sobre todo los ayuntamientos, puedan solicitar la inscripción de aquellos vecinos que no tengan familia que puedan hacerlo, así como de los empleados públicos o representantes políticos (concejales, alcaldes….) de esa institución que aún no consten en esos libros. Pero también que se emitan directrices claras desde el Consejo del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia para que las fiscalías y juzgados actúen de oficio e inscriban a aquellos de los que se posea información documental de la época o estudios de investigación que demuestren que tal o cual ciudadano fue asesinado.
-¿Por qué razones creen que los grupos parlamentarios no han recogido su demanda ?
No tenemos ni idea de por qué no han dado ni un sólo paso para solucionar este problema social e histórico. Una vez más se deja a los ciudadanos frente al muro de la burocracia del Estado cargando sobre sus espaldas los costes que ello pueda suponer, de ahí que se incida en la necesidad de que se aplique la justicia gratuita.
-¿Qué beneficios podrían obtener los familiares de represaliados ?
El beneficio inmediato es ver reflejado oficialmente el nombre y la causa de la muerte de uno de los suyos en dichos libros, y poder así cerrar una página de la historia familiar que aún permanece abierta sin ningún tipo de explicaciones. Aunque algunos expertos también sostienen que eso podría abrir la posibilidad, a sus descendientes, de reclamaciones sobre las posibles expoliaciones patrimoniales que, en muchos casos, sufrieron los asesinados. Por el momento, no nos ha llegado ningún caso con esta situación.
-¿Entienden que se está ocultando información a los familiares de asesinados ?
Los libros de los registros civiles son posiblemente el primer archivo documental que visitan los historiadores interesados en arrojar luz sobre la represión del franquismo. Eso lo sabían los golpistas, de ahí que trataran en los primeros meses de que no se inscribieran, emitiendo incluso ordenes específicas para ello. Se ocultaba la información y se creaban en muchos casos las dudas sobre si estaba o no muerta la persona que se buscaba, alimentándose la duda sobre su suerte.
-¿En sitios como Granada, donde triunfó rápidamente el golpe, ha podido desaparecer mucha información ?
En Granada como en Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y algunas zonas de la sierra de Málaga fue una realidad lo que comentamos. Otra cosa diferente es que además en muchos lugares se hizo desaparecer bastante información, pero no sólo durante la dictadura, sino también en los primeros años de la democracia, hasta 1984.
-Con las firmas de apoyo, ¿qué pretenden hacer ?
La recogida de firmas es una formula de difusión y sensibilización social y política. Es un arma en manos de aquellos que nos sentimos ninguneados por la clase política. Lo que pretendemos es reunirnos con los diputados , cada uno en su provincia, y trasladarle este problema para que alguno dé el paso de presentarlo, como proposición de modificación de la ley ante el Congreso y Senado.
-Algo más de un año después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, ¿qué balance hacen desde la asociación ?
Nosotros nunca pedimos que se hiciera una ley especifica sobre la Memoria Histórica porque sabíamos que no podría recoger en ella todas las facetas de esta problemática que abarca a varias generaciones y a todas las facetas de la vida. Creíamos, y creemos, que la publicación de decretos y modificaciones de leyes es más adecuada, tal como empezó a hacerse en la época de la UCD. El tiempo nos ha dado la razón. Aún así, el debate y la ley han ayudado a romper muchos miedos personales pero también ha creado frustraciones. Algo similar a lo que ha ocurrido con la Audiencia Nacional y la inhibición del juez Garzón.
-¿Entienden que desde la administración se está obstaculizando el proceso de exhumación ?
La Junta de Andalucía, a excepción de cuatro meses, siempre se ha manifestado en voz baja contraria a la intervención de las fosas comunes, lo más a la señalización mediante monolitos o a la investigación, mediante convocatorias de subvenciones a los ayuntamientos o asociaciones. Las escasas intervenciones de la Junta han sido producto de la presión de los familiares -El Bosque (Cádiz) 2004 y La Puebla de Cazalla (Sevilla) 2009- así como una intervención especial en Málaga junto a otras instituciones y alguna que otra búsqueda para la localización en El Ronquillo (Sevilla 2005/2006). La posibilidad de que en el actual protocolo -en proceso de debate- el Gobierno de España le dé a la Junta de Andalucía responsabilidades en esta materia nos hace temer lo peor. Es decir, se crearán más problemas a la hora de conseguir los permisos necesarios para la intervención y exhumación si declaran, como están diciendo, las fosas comunes como patrimonio histórico [el Senado se pronunció el miércoles en contra de que el Gobierno asuma el coste de la exhumación]. Están pensando más en crear dificultades legales para impedir la exhumación que en protegerlas.
ÁLVARO CALLEJA | www.laopiniondegranada.es
