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La familia de José Manuel García Caparros, un joven malagueño será indemnizada al fin por su asesinato.
El País. DIEGO NARVÁEZ – Málaga – 02/12/2007
Treinta años después del asesinato nunca aclarado, en pleno centro de Málaga, de José Manuel García Caparrós, su familia está a punto de que se le reconozca al fin un derecho a algo. “No sé por qué jamás en la vida hemos tenido nada”, se lamenta Loli, la menor de las tres hermanas del joven malagueño de 19 años abatido por una bala durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 para reclamar la autonomía para Andalucía, uno de los episodios más oscuros de la Transición. El joven intentaba colocar una bandera andaluza en un céntrico edificio malagueño.
PSOE e IU han reaccionado ahora a tiempo para evitar lo que Rosa Burgos ha llamado la segunda muerte de José Manuel García Caparrós, su exclusión de la Ley para la Memoria Histórica. Burgos, que es secretaria judicial, publicó hace unos meses un libro (La muerte de García Caparrós en la transición política) en el que revelaba las deficiencias de una investigación judicial realizada sin ningún interés por aclarar la verdad. “No se aclaró quién mató a García Caparrós porque no se quiso”, asegura Burgos, cuya investigación ha permitido aclarar, por ejemplo, que el calibre de la bala era el usado por la entonces policía nacional.
En 1978, el equipo 4 de diciembre, dirigido por el periodista Juan de Dios Mellado, planteó en Morir por Andalucía una larga lista de interrogantes que pesan sobre este crimen. La Ley de la Memoria Histórica reconoce el derecho a compensar a quienes fueron perseguidos durante la dictadura o en la Transición por defender derechos y libertades entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Por tanto, García Caparrós quedaba excluido de esa norma.
El PSOE, de acuerdo con IU, presentará en el Senado una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2008 de forma que el plazo para la percepción de ayudas económicas sea ampliado hasta el 15 de diciembre de 1977, día del asesinato del estudiante canario Javier Fernández Quesada. Las hermanas García Caparrós podrán así tener derecho a la ayuda de 135.000 euros que contempla la ley.
Loli García Caparrós lamenta que las ayudas no llegaran a su casa cuando realmente eran necesarias, tras la muerte de su hermano, que iba a cumplir 19 años y había empezado a trabajar en Cervezas Victoria para ayudar a una familia que vivía de la modesta pensión del padre. Paqui tuvo que ponerse a trabajar, y Loli dejó los estudios para cuidar a su madre, que cayó gravemente enferma al poco del asesinato de su hijo José Manuel. “Nunca vino nadie a ver si necesitábamos algo”, lamenta. En dos ocasiones pidió ayuda económica como víctima del terrorismo, pero le fue denegada.
Recuerda que durante 20 años nadie se acordó de su hermano, y que no fue hasta 1997 cuando hubo algunos intentos de recuperar su memoria, lo que agradece en especial a Izquierda Unida. En 2002, José Manuel García Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Málaga. Loli, que ahora regenta una cafetería con su hermana en Fuengirola, dice que si por algo quiere la ayuda es por adquirir un nicho propio para su hermano y sus padres, cuyos restos están ahora en un huesario.
El Ayuntamiento donó la tumba donde fue enterrado García Caparrós, pero la familia lo sacó de allí porque no le dejaron meter en él a los padres.
Promesas de reparación para el “caso Quesada” El Gobierno estatal ha prometido a la familia de Javier Fernández Quesada incluir el asesinato de este joven estudiante grancanario, perpetrado en la Universidad de La Laguna durante una carga de la Guardia Civil, en la Ley de la Memoria Histórica. Los cambios en este marco llegan a ultimísima hora y cuando el caso Quesada iba a quedarse fuera de las normas de reparación e indemnización sólo por 77 días. Se da la circunstancia de que el próximo día 12 se cumplen 30 años de la muerte del joven en Aguere.
La opinión de Tenerife. DANIEL MILLET. 03/12/2008
La familia de Javier Fernández Quesada tiene todas las opciones de optar a las reparaciones de la Ley de Memoria Histórica gracias a dos propuestas que llegan a ultimísima hora e impulsadas por el socialista tinerfeño Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia. Fuentes de este departamento del Ministerio de Justicia confirmaron ayer a La Opinión de Tenerife que las dos alternativas en marcha son cambiar la propia Ley de Memoria Histórica -a través de una enmienda en el Senado- para llevar la fecha tope de las reparaciones (entre ellas 135.000 euros para la familia) al 15 de diciembre de 1977, y no al 6 de octubre como estaba contemplado en el anteproyecto. Y la otra es una enmienda recién introducida en la Ley de Presupuestos que faculta al Gobierno a extender los efectos de la Ley de Memoria Histórica al 15 de diciembre del 77. A raíz de un reportaje publicado el año pasado en este periódico que destapaba el caso, la familia del joven asesinado en la Universidad lagunera se enteró de que tal y como sigue redactada la mencionada Ley, quedaría fuera por sólo 77 días. El tope se fijó el 6 de octubre del 77 y Quesada cayó por un disparo de un guardia civil el 12 de diciembre, en plena Transición. El único partido canario que planteó una enmienda fue Nueva Canarias, a través de su diputado nacional Román Rodríguez. La enmienda fue elevada en el Congreso cuando, según fuentes del Ministerio de Justicia, lo mejor habría sido en el Senado. A pesar de que el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife aprobaron dos mociones este año para homenajear al estudiante con motivo, el próximo día 12, del 30 aniversario de su muerte, ningún otro grupo, institución o colectivo canario planteó enmiendas para evitar que el asesinato se quedara fuera del marco legal.
Julio Pérez, que ya ejercía con 27 años como abogado en Santa Cruz cuando ocurrió el asesinato, conoció la situación por un magistrado del Tribunal Supremo. Hace un mes y medio se reunió con la familia del joven estudiante. “La familia ha querido llevar el asunto en la más absoluta intimidad y sin polémicas. Sólo querían saber qué podía hacerse para que el caso no quedara fuera de las medidas de reparación. Insistieron en que las indemnizaciones eran lo de menos ; desean saber la verdad”, confirmaron fuentes de la Secretaría de Estado de Justicia.
Las soluciones se atisban tan tarde, a las puertas del último trámite en el Senado para la aprobación definitiva de la Ley, porque según estas fuentes “los equilibrios parlamentarios de su desarrollo han sido delicadísimos”. “Era arriesgado cambiar una sola coma a la altura que estamos de la legislatura pues la Ley podía peligrar”, añadieron. Ni siquiera Izquierda Unida tuvo en cuenta el caso del joven grancanario, cuando sí lo hizo con otro, José Manuel García Caparrós, abatido en Málaga el 4 de diciembre de 1977. IU acababa de presentar una enmienda para llevar el tope de la Ley al 6 de diciembre, incluyendo a Caparrós pero dejando fuera a Quesada por 6 días. Ha sido el grupo parlamentario socialista el que ha pedido que la fecha se lleve al 15 de diciembre.
El caso de García Caparrós protagonizó curiosamente, junto con el asesinato de Fernández Quesada, una de las primeras comisiones de investigación de la democracia. No sirvió para nada en ambos ; nadie fue juzgado ni acusado pese a los numerosos testimonios que detallaron los asesinatos. De hecho, en el caso del grancanario, la versión oficial fue que el estudiante se topó con una bala en medio de la confusión, cuando los informes reseñaron que el disparo se produjo a escasa distancia y que la carga de la Guardia Civil fue totalmente desmedida e inexplicable.
Ni siquiera Coalición Canaria se interesó por el asunto en Madrid. Su portavoz en el Congreso, Ana Oramas, votó a favor de la Ley pero sin acordarse del estudiante, pese a que su fallecimiento se produjo en la ciudad de la que es alcaldesa, La Laguna. El otro diputado de CC se abstuvo. Luis Mardones ya había adelantado que lo iba a hacer por razones personales. Él era curiosamente gobernador civil de la provincia cuando Javier cayó abatido en la puerta de la Universidad de Aguere.
Octavio Hernández, de Los Verdes de Tenerife, fue quien descubrió el caso. Hoy trabaja en un libro sobre Fernández Quesada. “En estos últimos años de investigación, si algo he percibido es el abandono en que se ha encontrado la familia de Javier, desamparada por un manto de silencio. Casi nadie en las Islas se ha implicado realmente para intentar que se diera el debido reconocimiento en el marco de la Ley de Memoria Histórica”, señaló ayer a este diario.
Hernández desea que la vía definitiva sea la de la Ley de Memoria Histórica, y no la de la Ley de Presupuestos, para que “el reconocimiento, tan merecido, sea moral, no sólo económico”.
Artículos de 1980 y sobre el asesinato del compañero Agustín Rueda, torturado hasta la muerte por carceleros (Funcionarios de Prisiones)
La extraña muerte de Agustín Rueda
Una historia que comenzó en Carabanchel y que ha concluido en Herrera de la Mancha
EL PAIS. JOAQUINA PRADES 27/01/1980
Durante la noche del 13 al 14 de marzo de 1978, el preso Agustín Rueda murió en la cárcel de Carabanchel. Esa misma noche, otros siete reclusos resultaron heridos de diversa consideración, y tres días después, el juez dictaba auto de procesamiento por presunto delito de homicidio contra el director de la prisión, Eduardo Cantos Rueda, el subdirector, un jefe de servicios y nueve funcionarios. Hoy, a casi dos años del suceso, el sumario acaba de ser concluido y todos los procesados se encuentran en libertad condicional. Los siete presos lesionados fueron trasladados a varias cárceles del país ; uno de ellos murió de un navajazo, algunos salieron a la calle y otros dos fueron destinados al penal de máxima seguridad de Herrera de la Mancha : Pedro García Peña y Alfredo Casal Ortega, cuyos testimonios han sido decisivos en la investigación.
La noche en que Agustín Rueda murió en la cárcel madrileña de Carabanchel se habían vivido horas de gran tensión. Un chivatazo había hecho que los funcionarios descubrieran la existencia de un túnel de cuarenta metros por el que pensaban fugarse algunos presos. El jefe de servicios necesitaba saber quiénes habían sido los promotores y quiénes habían estando maquinando en sus cabezas la idea de burlar la vigilancia y escaparse al primer momento de descuido. Así ordenó a varios funcionarios que se interrogase a algunos presos, a esos mismos que durante los últimos días se les había visto moverse con cierto nerviosismo, a esos que normalmente oponían mayor resistencia para acatar el reglamento penitenciario de toda la vida y que incluso a alguno de ellos se le había sorprendido a veces exponiendo extravagantes ideas : que si había que cambiar las condiciones de la prisión, que si las cárceles, tal y como funcionan, no sirven para regenerar a las personas, sino para embrutecerlas ; que si no sé qué sobre una tal COPEL, y cosas por el estilo, entre ellas, insistentemente, que había que salir de allí como fuese y vivir en libertad.Eran las dos de la tarde del día 13 cuando cuatro funcionarios sacaron de la celda a Alfredo Casal, un preso de veintidós años que cumplía condena por un atraco de 5.000 pesetas, para conducirle ante el despacho del jefe. Allí, Alfredo estuvo repitiendo una y otra vez que « del túnel ese yo no sé nada », hasta que el jefe les hizo un gesto a los funcionarios mientras pronunciaba la palabra abajo. Abajo significaba someterse al interrogatorio en serio, de esa manera con la que es difícil seguir negando algo, lo que sea, durante mucho tiempo. Alfredo recuerda que fue conducido a la rotonda, conocida en el argot carcelario como la « perra chica », y situada en la parte inferior del penal. Nada más llegar, dice que comenzó a sentir escalofríos. « Era puro miedo », asegura. Y es que lo que vio no le podía dejar mucho margen de dudas sobre lo que le aguardaba : en la habitación había diez funcionarios, a los que luego identificó en sucesivas rondas de reconocimiento ante el juez, que estaban « descamisados, con las porras de goma encima de la mesa y en clara disposición de comenzar el interrogatorio ».
No más de doce minutos estuvo Alfredo en la « perra chica » ; salió de allí con « claras huellas longitudinales y en forma transversal, de las, al parecer, marcas dejadas sobre su tórax por las llamadas defensas de goma empleadas contra el declarante ; intenso hematoma en región superior nasal y cuencas orbitales, y huellas congestivas en ambas manos ». Alfredo reconoce que, dentro de lo que cabe, tuvo mucha suerte. Otros compañeros suyos salieron peor librados del interrogatorio : a Jorge González se le apreció « contusión en el hombro derecho, con probable fractura, pequeños y múltiples hematomas, como los que pueden producirse golpeando con los nudillos » ; a José Luis de la Vega, « múltiples y pequeños hematomas, vergajazos múltiples y amplia contusión en la parte baja del hemotórax izquierdo » ; a Juan Antonio Gómez Tovar, fractura de costilla ; a Miguel Angel Melero, « extenso hematoma en muslos y nalgas, amoratados, congestionados y esquimóticos ambos hombros » ; a Felipe Romero, « contusiones erosivas, hematomas y contusión en órbita derecha, con hemorragia conjuntival », y finalmente, a Pedro García Peña, « contusión en hombro izquierdo y base de región esternal ».
Pero Alfreso insiste en que tuvo suerte, no porque las palizas fuesen menores, eso no -dice que él puede asegurarlo-, pero sí que fueron relativamente breves. A los doce minutos de su comienzo, el jefe entró en la sala y ordenó a los funcionarios que parasen. « Dejad a éste, ya tenemos todos los detalles que nos interesan sobre quiénes han abierto el túnel. » Y en cuanto dijo esto se marcharon todos.
Agustín Rueda estaba barriendo el patio cuando fueron a buscarle. Parece ser que le condujeron también a la « perra chica », pero no es posible conocer los detalles exactos de su interrogatorio, ya que, obviamente, él no pudo ir a declarar ante el juez, y después de las palizas, cuando se reunió con algunos compañeros, nada relató de lo que le había pasado. Sólo repetía una y otra vez que se encontraba muy mal y que le parecía que iba a morirse. Su agonía, de más de seis horas, fue presenciada en parte por Alfredo Casal, porque cuando dejó la « perra chica » fue trasladado a las celdas destinadas a los condenados a muerte (« No se trataba de ninguna ironía, es que estas celdas eran precisamente las más aisladas y estaban vacías ») y allí encontró, acostado sobre la colchoneta y retorciéndose, a su compañero Agustín, y a pocos metros, pero éste en mejor estado físico, a Miguel Angel Melero.
“No sentía las agujas”
« Agustín estaba como postrado », recuerda Alfredo. « Decía que avisáramos al médico, porque estaba muy mal y él pensaba que se iba a morir. Al poco rato llegó el doctor, le estuvo mirando e incluso le clavó unas agujas en las piernas, y Agustín no se quejaba, no decía nada, porque es que no las sentía, ¿no ? A mí, si me clavan agujas en las piernas, me pongo a chillar, y él ni se movió, así es que era porque no se enteraba. »
El doctor, según el testimonio de Alfredo Casal, pareció no darle mucha importancia al estado de Agustín. No ordenó que le trasladasen a la enfermería. Por lo que cuenta Alfredo, se limitó a decirle que si se sentía tan mal era porque « había cogido humedad mientras había estado excavando el túnel ». Agustín le pidió primero al médico, a los funcionarios, que le ayudasen para ir al retrete, porque él se sentía incapaz de andar. Tampoco le hicieron caso y se hizo sus necesidades encima, sin apenas moverse de la colchoneta.
Cuando llegó la hora de la cena, Alfredo subió a por la comida de los tres, ya que era él quien mejor se encontraba físicamente. Esa noche había para cenar sopa, un segundo que no recuerda y una naranja de postre. Miguel Angel tomó la mitad de la sopa y todo el postre, mientras que Agustín no probó nada, sólo tomó naranja y media y repetía que tenía mucha sed. Alrededor de las diez y media, cuatro funcionarios de la enfermería se llevaron a Agustín en la misma colchoneta en que estaba tendido, « estaba ya inconsciente, con un movimiento raro y alarmante en los ojos y no nos dijo nada cuando se marchó, yo creo que es que ya ni nos veía ».
Los siete presos que relatan haber sufrido malos tratos ese día creen que a Agustín le pegaron en la rotonda de la perra chica, aunque ninguno lo vio. Pero aseguran deducirlo, porque, dicen, esa habitación produce mucho eco y ellos estuvieron un buen rato oyendo los gritos de su compañero y el sonido seco de los golpes. Alguno testimonió que había visto tirar unos cubos de agua sobre la persona que se hallaba dentro y de la que reconocían la voz de Agustín, « seguramente para reanimarle ». Después vieron muy cerca de esa rotonda unas zapatillas y un pantalón de pana marrón, sucio, de alguien que no pudo quitarse la prenda y se hizo sus necesidades encima.
Estos fueron los datos que entre todos aportan sobre su compañero. En la enfermería nadie le vio, y alrededor de las siete de la mañana del día 14 se empezó a correr la voz de que estaba muerto.
Varias horas después, sobre las 11.30 horas del día 14, se recibió una llamada telefónica en el juzgado de guardia de Madrid. El director de la cárcel, Eduardo Cantos, anunciaba que « en el Hospital Penitenciario se encuentra el cadáver del recluso Angel Rueda Sierra ». La pregunta inmediata del juez fue si la muerte había sido natural o violenta, a lo que el señor Cantos respondió : « No lo sé. Ahora voy a averiguarlo y les volveré a llamar. » Esta nueva llamada se realizó media hora después : « El cadáver ese de que les hablaba tiene algunos síntomas de lesiones en la cabeza y el cuerpo, pero no puedo precisarles ni el origen ni la importancia de esas lesiones. »
“Se cayó por las escaleras”
Inmediatamente, el juez de guardia, Luis Lerga ; el secretario del juzgado, el fiscal y el médico forense se trasladaron al hospital de Carabanchel. Allí yacía, sobre una mesa, el cuerpo sin vida de Agustín Rueda, vestido con unos pantalones de pijama de color verde. Las lesiones de que hablaba el director de la prisión le parecieron al médico forense « hematomas y heridas producidas con vergajazos u otros objetos contundentes, unas seis o siete horas antes de fallecer ». El juez quiso saber entonces el origen de las lesiones y ésta fue la respuesta : « A nosotros nos parece que estas lesiones las sufrió ayer por la mañana, cuando le estábamos trasladando a las celdas de aislamiento. Se cayó por las escaleras, ¿sabe ?, y cuando fuimos a levantarle nos amenazó con un cuchillo, en actitud muy agresiva, así es que tuvimos que reducirlo con nuestras defensas de goma reglamentarias. »
La autopsia, realizada al día siguiente, comenzaba : « El cadáver pertenece a un varón de unos veinticinco años de edad, de hábito atlético, bien constituido, nutrido y fuertemente musculado. » En el estómago encontraron los restos líquidos de la naranja que le subiera Alfredo. Entre las conclusiones finales se decía :
1. Se trata de una muerte violenta, producida por un shock traumático.
2. Ha sido consecuencia de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y « técnico ».
3. No ha habido asistencia correcta desde el momento de las lesiones hasta la muerte.
Diez funcionarios, a prisión
Nada más tomar declaración a los responsables de la prisión, a los funcionarios, y a los otros siete reclusos lesionados, el juez decretó libertad bajo fianza de 200.000 pesetas para el director, Eduardo Cantos, igual tratamiento, pero con una fianza de 300.000 pesetas en fecha 5 de mayo, para los médicos Barrigow y Casas, acusados del delito de imprudencia temeraria, y prisión incondicional sin fianza para el subdirector, Antonio Rubio, el jefe de servicios, Luis Lirón de Robles, y los funcionarios Julián Marcos Mínguez, Hermenegildo Pérez, Nemesio López, Alberto de Lara, José Luis Rufo, José Javier Flores, José Luis Esteban y Alfredo Luis Mallo, ya que, según consta en el auto, « actuando provistos de porras de goma interfirieron al recluso Agustín Rueda lesiones en la mayor parte del cuerpo, a lo largo del interrogatorio, que determinaron su fallecimiento ».
Los citados funcionarios permanecieron casi un año en la cárcel de Segovia, de la que salieron en libertad bajo fianza al cabo de ese tiempo. El jefe de servicio, Luis Lirón, falleció en el mes de marzo del pasado año, a causa de un infarto de miocardio.
En cuanto a los siete reclusos que resultaron heridos la misma noche en que murió Agustín, fueron trasladados a las prisiones de Ocaña, Burgos, Málaga y Puerto de Santa María. Dos de ellos, Alfredo Casal Ortega y Pedro García Peña, fueron trasladados a su vez en el mes de agosto pasado al penal de máxima seguridad de Herrera de la mancha, en Ciudad Real. Hasta ese momento, ambos reclusos habían acudido a las sucesivas citaciones del juez instructor para declarar acerca de los malos tratos presuntamente realizados la noche del suceso. Identificaron en diversas rondas de reconocimiento a los funcionarios que creían recordar como autores de los hechos y se ratificaron en sus declaraciones varias veces. En cada declaración iban añadiendo más detalles según iban rememorando la reconstrucción de la historia.
“Quiero ser bueno”
Sin embargo, a las pocas semanas de su Ingreso en Herrera ocurrió un hecho sorprendente. En una de sus visitas a Herrera de la Mancha, el letrado Gühl Navarro se encontró con un Alfredo Casal cliente suyo desde varios años antes, « completamente distinto al que yo conocía. incluso en los rasgos físicos. Del joven animoso que yo recordaba, cuenta el abogado, me encontraba sentado frente a un ser desmoralizado, que no contestaba a mis preguntas sobre si tenía miedo y de por qué me hablaba siempre con evasivas. Había dos funcionarios próximos al locutorio y cuando Alfredo observó que éstos ya no miraban me hizo un gesto con la mano, moviéndola como cuando alguien quiere expresar las palizas. Yo le pregunté si quería presentar denuncia, pero él se negó. “Ni pensarlo”, contestó secamente. »
En una entrevista posterior de Gühl Navarro a Herrera, Alfredo pidió a su abogado que redactase allí mismo un escrito de retirada de las denuncias contra los funcionarios de Carabanchel. « Quiero ser bueno y no quiero tener más problemas », fueron las palabras textuales de Alfredo. El escrito que quería firmar « para no tener más problemas » decía así : « Es mi voluntad retirar la denuncia contra los funcionarios de prisiones implicados y procesados en el sumario 21/78 (el de Agustín Rueda) del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Mediante este escrito me aparto formalmente de mi acusación en dicho sumario », finalizaba.
Era el día 21 de noviembre del pasado año. Por estas fechas se recibieron en este mismo juzgado otros dos escritos. Uno, del abogado Gühl Navarro trasmitiéndole al juez sus « serias dudas sobre la libertad de decisión en que Alfredo Casal ha optado por retirarse de una acusación sobre la que nunca había mostrado el menor indicio de vacilación ». y otro de Fernando Casal Moreno. padre de Alfredo, en el que comunicaba su deseo de que su hijo fuese sometido a examen médico y psiquiátrico porque « a lo largo de mis visitas he observado en él síntomas de palidez excesiva y una cierta pobreza de espíritu que parece estar motivada por miedo y terror ».
Unos meses antes, el 13 de agosto, Pedro García Peña había acompañado un escrito de renuncia similar, con unas connotaciones espectaculares : « Si yo presté declaración de que Agustín Rueda había muerto a consecuencia de las palizas que le dieron los funcionarios, ahora digo que no, que los malos tratos no fueron suficientes para quitarle la vida. y que cuando Agustín fue trasladado rápidamente a la enfermería, cualquier preso podía entrar en ella y actuar impunemente y ser uno de los reclusos el autor de su muerte. » En esta misma declaración de Pedro se añadía que ese recluso que pudo matar a Agustín Rueda lo hizo por intereses relacionados con la organización COPEL, « a la que interesaba que los funcionarios cargaran con la culpa de esa muerte ».
“Intranquilidad de conciencia”
Sin embargo, como en pura lógica no acababa de entenderse el que Pedro García se ratificara en varias declaraciones aportando todo lujo de detalles sobre los sucesos de aquella noche y que de repente alegase que todo era falso, incluyó un tercer punto aclaratorio en su renuncia : « Si yo he declarado en contra de los funcionarios », finaliza, « es porque he estado coaccionado y amenazado de muerte por la COPEL, y temía sus amenazas. Pero ahora, aquí en Herrera de la Mancha, he sentido una intranquilidad de conciencia que me hace declarar la verdad para que no paguen por un delito personas que no lo cometieron ».
Las renuncias de Alfredo y de Pedro no acabaron de convencer al juez. Así, el 10 de enero pasado les mandó trasladarse a Madrid para tomarles declaración. Al principio, Pedro García Peña se mostró esquivo y hasta irónico en sus respuestas al juez. Ante la insistencia de su señoría sobre si eran ciertas las declaraciones que había firmado en su escrito de renuncia, Pedro contestó : « Si yo he hecho cuatro declaraciones en un sentido y ahora escribo otra diciendo todo lo contrario, al poco tiempo de ingresar en Herrera, saque usted sus propias conclusiones, señor juez. » « Bueno, pero ¿son ciertas o no ?, quiero que tú me lo digas », insistía el magistrado Luis Lerga. « Sí, claro », respondía Pedro, usted quiere que yo se lo diga, pero después el que vuelve a Herrera soy yo… »
Finalmente, Pedro se animó a declarar y de sus afirmaciones puede destacarse : « Fue un grupo de funcionarios de los que no quiero dar el nombre por temor a represalias, los que, bajo amenazas, me hicieron escribir la renuncia en la biblioteca de la cárcel. Y lo hice porque me convenía y si quieren que lo haga otra vez, lo haré por temor a los malos tratos. »
Sin embargo, Pedro declaró en su testimonio judicial que fueron ciertas todas las declaraciones efectuadas durante el procedimiento y, por tanto, falso lo que decía en la renuncia. Esto mismo declararía Alfredo Casal, aunque Alfredo fue más explícito a la hora de reseñar los motivos por los que retiró las acusaciones. Su relato comienza el mismo día en que ingresó en Herrera, el 3 de agosto. « Allí fui golpeado por varios funcionarios. » Junto con los nombres de pila de los funcionarios, añadió todo tipo de detalles sobre su físico, lugares donde trabajaban y todas aquellas cosas que pudieran ayudar al juez para identificarles. « En esta primera paliza perdí el conocimiento y cuando lo recobré estaba ya en mi celda, donde permanecí aislado durante 42 días. »
« Mastique y trague »
Esa misma noche, sobre las doce y media, varios funcionarios le condujeron ante el jefe de servicios, « que estaba sentado detrás de una mesa metálica que hay en el hall de la galería de aislamiento ». Encima de la mesa, Alfredo reconoció su carpeta, un portafólios negro en el que había estado guardando recortes y escritos de todas sus declaraciones en el sumario de Agustín Rueda. Y recuerda que, después de unos golpes de bienvenida, le invitaron a sentarse. « Bueno, bueno, hombre, siéntese y tenga un cigarro », le dijeron. « No fumo, gracias », contestó él. « Vamos a leer juntos estos papeles que tiene aquí y al final ya veremos que pasa si no me convence lo que usted escribe. » Alfredo recuerda que comenzó a leerlos en silencio, uno por uno, que mientras lo hacía no pronunciaba palabra y que sólo de vez en cuando levantaba la vista del papel y le miraba a él muy fijamente. Cuando terminó, le dijo : « Empiece a comérselos. Mastique y trague. » « Yo no me como nada », contestó. « Que no, ¿eh ? … »
Cuenta Alfredo que ante la contundencia de los golpes, hizo de tripas corazón y partiendo los papeles en trozos muy pequeñitos comenzó a masticar y tragar. Así, dice, hasta doce folios. « Me daban unas náuseas tremendas, se me revolvía el estómago porque además, ¿sabes ?, los folios eran más bien gruesos. Si yo hubiese sabido esto, los habría comprado más finitos, de esos transparentes, pero, en fin … » Ahora puede contarlo con cierta dosis de humor, porque ya lo ha digerido y se encuentra en Carabanchel, provisionalmente, con motivo de su venida a Madrid para declarar ante el juez. Tres horas dice que duró la ingestión de documentos y que para tragarlos mejor bebía constantemente de un botijo que le trajeron los propios funcionarios. Tardó varios días en poder volver a comer con normalidad los alimentos usuales, y al poco tiempo se retractó por escrito de todo lo denunciado anteriormente, « y puedo asegurar », añade, « que hubiera escrito todo lo que me hubiesen pedido ».
Después de tragarse Alfredo sus propias denuncias, un funcionario le explicó que él era amigo personal de algunos de los funcionarios que « por su culpa » habían sido encarcelados en Segovia y que, como buen compañero, haría lo posible por defenderles. Dicho esto, nuevamente ofreció un cigarrillo a Alfredo, y en este punto termina la declaración.
Ahora, el sumario 21/78 correspondiente al caso Agustín Rueda, cuyo contenido ha sido realizado con « extraordinaria escrupulosidad », según palabras del juez Luis Lerga, acaba de ser concluido y remitido a la Audiencia Nacional. Hasta que se fije la fecha del juicio, que en medios próximos al juzgado instructor se temía se prolongase aún más de un año, los procesados continuarán en libertad y los dos presos, Alfredo Casal y Pedro García, cuyo testimonio ha sido decisivo para la investigación de los hechos, esperarán con los dedos cruzados para que, cuando llegue el miércoles, día en que se efectúan los traslados en las prisiones, no les devuelvan de Carabanchel a Herrera.
Los forenses afirman que Agustín Rueda tenía golpes en el 70% de su cuerpo
EL PAIS- Madrid – 05/01/1988
JOSÉ YOLDI, Domingo Sastre y Gregorio Arroyo, forenses que realizaron la autopsia del recluso Agustín Rueda apaleado y muerto en la prisión de Carabanchel el 13 de marzo de 1978, afirmaron ayer que el preso fallecido presentaba golpes en el 70% de la superficie de su cuerpo. Las afirmaciones de estos dos peritos de que Rueda fue objeto de la paliza “generalizada, prolongada, intensa y técnica” fueron confirmadas por otros seis médicos forenses que intervinieron en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid
Los peritos explicaron que la paliza fue generalizada porque sólo el 30% de la superficie del cuerpo del recluso no tenía contusiones ; fue prolongada porque “no se hizo en cinco minutos” y fue realizada por varias personas ; fue intensa por la potencia de los golpes, que derivó en una pérdida de más de tres litros de sangre, y, finalmente, fue técnica porque no había golpes en órganos vitales.Según los forenses, es significativo que no hubiera golpes en la nuca o en el cráneo, que hubieran producido al detenido la muerte instantánea.
Los forenses aseguraron que el origen de las lesiones que presentaban Rueda y los otros presos golpeados era el mismo y que se produjeron en un espacio de tiempo parecido, por ejemplo, la misma mañana. Añadieron que ninguna de las lesiones de Rueda fue posterior.
Esto destruye la hipótesis de la defensa que supone que la muerte de Rueda fue producto de golpes posteriores a la reducción del recluso por los funcionarios en la mañana del día 13 y que, según esa hipótesis, podrían haber sido causados por otros presos, más concretamente de la Coordinadora de Presos en Lucha (Copel). Según los médicos, todos los reclusos tenían signos de haber sido golpeados con defensas (porras de goma), aunque Rueda presentaba además heridas .producidas por algún objeto duro no flexible. Los forenses precisaron también, a preguntas de la acusación, que por la posición de los golpes -gran parte de ellos en los antebrazos- Rueda se encontraba en una actitud defensiva, con la manos cubriéndose la cabeza, y no en una posible actitud agresora, lo que invalida la tesis de los funcionarios de que le -golpearon en la mano para quitarle un cuchillo con el que, según los funcionarios, el fallecido les atacaba.
No hubo infarto
Los doctores negaron que Agustín Rueda hubiera sufrido un infarto, y precisaron que lo que hubo fue una infiltración sanguínea en el endocardio como consecuencia de los golpes recibidos.
Sobre la causa de la muerte, los médicos afirmaron que se produjo por choque hipovolémico (disminución de sangre en el torrente circulatorio), ya que como consecuencia de los golpes perdió en hematomas alrededor del 607. de la sangre. Los forenses precisaron que hasta el 20% de pérdida no aparecen síntomas. Entre el 20% y el 50% de pérdida de sangre se reduce la tensión y aumentan las pulsaciones. Los médicos que asistieron a Rueda debieron de haberlo apreciado y ordenar su ingreso para realizar transfusiones.
En la tercera fase, de más del 50%, como fue la de Rueda, la situación es irreversible, con un aumento del pulso a 130 pulsaciones y una reducción de la tensión a menos de 7. Este informe contradice lo afirmado por los médicos procesados José María Barigou y José Luis Casas, quienes aseguraron que las lesiones de Rueda no revestían gravedad.
P.-S.
Rojo y Negro / Varios medios
