Nadie les había informado de la detención de su hermano, ingresado en el hospital clínico de Barcelona con dos heridas de bala. “Llevamos peleando desde aquel día hasta hoy, 33 años. Sabemos que tenemos que continuar hasta que un día u otro se reconozca la profunda injusticia cometida cuando el 2 de marzo de 1974 el verdugo atornillaba el garrote”.
Acaba de recibir de sus abogados, Sebastián Martínez Ramos, y Olga de la Cruz, el auto del Tribunal Supremo que les niega la autorización para pedir la revisión de la sentencia del Consejo de Guerra que el 8 de enero de 1974 condenó a muerte a su hermano Salvador, el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo. Tenía 25 años. Agonizó durante 20 minutos. “Hemos tenido que aprender a esperar, a digerir las malas noticias y a no alegrarnos demasiado cuando las cosas pintan mejor”, relata Carmen con el auto en la mano. “Iremos al Constitucional”, asegura Martínez Ramos.
El abogado trata de reconfortarla leyéndole los dos votos particulares discrepantes de dos de los cinco magistrados de la sala de lo militar del Supremo : “Salvador Puig Antich no tuvo un proceso justo. El valor justicia hubiese exigido una respuesta distinta”, declara Ángel Juanes Peces. “En mi opinión todas las irregularidades parecen tener una misma finalidad : atribuirle los disparos que causaron la muerte del subinspector Anguas e impedir que se descubriera que éste recibió disparos de otras armas”, afirma el otro magistrado José Luis Calvo.
“Al principio estábamos muy solas”, relata Carmen Puig. “A veces nos llegaban cartas de ánimo de personas que decían que estaban con nosotros, pero que ocultaban su nombre. La gente tenía miedo. Estoy convencida de que si Salvador hubiese pertenecido a algún partido hoy no estaría muerto. Habrían peleado por él ; pero era un anarquista y no lo reclamaba nadie”, añade. “El juicio fue una auténtica farsa, continúa Carmen. “Oriol nunca se recuperó de aquella injusticia. El día que ejecutaron a Salvador, se le acabó la vida, se hundió por la impotencia. Sé que cuando Oriol se estaba muriendo, le dijo a Caminal que siguiera adelante. Que no lo dejara pasar”.
Carmen se refiere a Oriol Arau y Francesc Caminal, el despacho de dos jóvenes abogados de Barcelona, a los que acudió precipitadamente aquel 26 de septiembre de 1973 que su hermano Salvador ocupaba las portadas de todos los periódicos. Ambos intentaron que le conmutaran la condena, que fue ratificada por el Consejo Superior de Justicia Militar el 11 de febrero de 1974, poco más de siete semanas después de que ETA asesinara al presidente Luis Carrero Blanco. “Aquello volvió a ser otra farsa de uniformes militares. Recuerdo que a los jueces se les caían los papeles de las manos porque se dormían”, asegura Carmen.
Oriol falleció hace 15 años sin haber superado el trauma de la ejecución de su defendido. Caminal solicitó en 1994 la revisión de la sentencia, que fue denegada, y sigue apoyando el caso. El despacho Martínez Ramos- de la Cruz representa desde 2002 a las hermanas de Salvador. Quieren que se revise la condena para demostrar que no está probado que fueran los disparos de Puig Antich los que acabaron con la vida de Anguas en aquel “nutrido tiroteo”, según el atestado policial, el 25 de septiembre de 1973 en los seis metros cuadrados del portal n.º 70 de la calle Girona de Barcelona.
Para ello se apoyan en una prueba que no era viable en el momento del juicio, una infografía por ordenador que reconstruye el tiroteo en tres dimensiones y en la que los dos peritos concluyen que se produjeron al menos cinco impactos de bala sobre Anguas desde distintos puntos del reducido espacio durante el forcejeo entre los cinco agentes y Puig Antich. La pistola de Salvador, con capacidad para ocho proyectiles, conservaba tres en el cargador y otro en la recámara. Los peritos mantienen que no se puede demostrar de qué pistola o pistolas salieron las balas que provocaron la muerte del subinspector. Las armas de los agentes nunca se pusieron a disposición del tribunal.
La autopsia de Anguas sólo recoge tres impactos de bala, pero los dos médicos que estaban de guardia en el hospital clínico de Barcelona y recibieron el cuerpo, Ramón Barjau y Joaquín Latorre, insisten en su declaración ante el Supremo que está “cosido a balazos” y que tenía al menos cinco impactos. En el Consejo de Guerra de 1974 el tribunal militar no les permitió declarar.
Martínez Ramos enumera una vez más, en su despacho de Barcelona, las irregularidades del proceso. Lo ha hecho muchas veces ante distintos públicos, pero su tono de voz se va elevando más y más, intacta, a pesar de la costumbre de repetirlo, su capacidad de indignarse :
“Salvador declaró sin presencia de abogado a las 72 horas de que le extrajeran una bala de la mandíbula, sin abogado. La sede del Instituto Anatómico Forense estaba en el mismo hospital clínico donde Anguas llegó cadáver, pero el jefe superior de policía de Barcelona, inexplicablemente, solicitó ¡el traslado del cuerpo a una comisaría de policía para hacerle la autopsia ! No se lo llevaron a la comisaría para velarlo. Las balas que le extrajeron desaparecieron”.
Carmen Puig mira a su abogado mientras se indigna. “Una vez, después de mucho tiempo, le pregunté a Carmen por qué nunca me había preguntado si podrían acceder a una indemnización en el caso de Salvador. Me respondió que ni siquiera se lo habían planteado”, afirma Martínez Ramos. “No hacemos esto por dinero, sino por respeto a su dignidad”, concluye Carmen. “Sencillamente, no podemos sacarnos de la cabeza aquellas 12 horas esperando a su lado a que lo ejecutaran”.
