El Gobierno de Andalucía deja (por ahora) en el aire la web de referencia contra el olvido de la represión

14 Abr 2019

Público/Raúl Bocanegra

Todoslosnombres.org, que ha rescatado del olvido casi 100.000 vidas, espera un encuentro con la Consejería de Cultura para saber si va a poder contar este año con una subvención que la anterior administración había comprometido. Mientras tanto, busca financiación privada para seguir con el trabajo

https://www.publico.es/politica/memoria-historica-web-referencia-olvido-represion-andalucia-quiere-seguir.html

 
 
Exhumación de Timoteo Medieta en el cementerio de Guadalajara por orden de la Justicia de Argentina.Óscar Rodríguez, miembro de la ARMH

Exhumación de Timoteo Medieta en el cementerio de Guadalajara por orden de la Justicia de Argentina. Óscar Rodríguez, miembro de la ARMH

La llegada del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, el primero de derechas en la Comunidad -formado por una coalición de PP y Ciudadanos-, de la mano de la ultraderecha, ha causado incertidumbre entre las asociaciones memorialistas y familiares de las víctimas de la represión franquista, que se han pasado 40 años silenciadas por la dictadura y otros 40, ya con la Constitución en vigor, intentando alcanzar verdad, justicia y reparación.

El pacto alcanzado por el PP con Vox para asegurarse los votos necesarios para que Juanma Moreno fuese elegido presidente recogía en su punto 33 el compromiso de “promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica”.

PP y Vox no tienen hoy los apoyos necesarios para consumar su acuerdo en ese aspecto, porque Ciudadanos, cuyos votos necesitarían para hacer los cambios, ya ha manifestado que no se plantea tocar la norma. Sin embargo, las declaraciones y la presión que ejercer el partido de ultraderecha, que se ha erigido en“la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias”, causa preocupación.

Las competencias que antes, con la última administración socialista, estaban en una dirección general que dependía de la Consejería de Presidencia han recaído en la Consejería de Cultura. El Gobierno andaluz anunció a las pocas semanas de tomar posesión que se nombraría un comisionado de la Concordia, que se encargaría de aplicar la Ley de Memoria, mientras en paralelo se promovía su modificación. Sin embargo, el puesto sigue hoy vacante.

El talante dialogante y empático de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), que se ha comprometido en varias ocasiones, en público y en privado, a ejecutar la ley en todos sus extremos, incluido el de las exhumaciones, ha logrado que, entre las asociaciones y las familias de las víctimas se hayan generado algunas expectativas de que, aunque con dificultades por la presión de Vox, se va a poder continuar con la aplicación de la ley.

Los presupuestos de la Junta de Andalucía que el Gobierno quiere llevar al Parlamento en los meses de mayo-junio serán la prueba del algodón y revelarán el compromiso real del nuevo Ejecutivo con la Ley de Memoria. De momento, Vox, cuyos votos son necesarios, insiste en que no aprobará unas cuentas que recojan partidas para la memoria histórica, mientras el PP aguanta por ahora el pulso y asegura que la ley se aplicará.

Una de las iniciativas emblemáticas y de referencia en Andalucía, un territorio donde aún hay más de 40.000 asesinados en mañas de 700 fosas comunes, según los datos de la Junta de Andalucía, en materia de recuperación de la memoria histórica es la página web todoslosnombres.org.

Vicisitudes económicas

La web nació hace doce años, en el año 2006, con el objetivo de crear una base de datos con toda la información disponible, organizada según la tipología represiva, con la idea de “generar un proceso social de memoria frente a olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento público”. Hoy han logrado rescatar del olvido casi 100.000 vidas.

Los promotores de todoslosnombres.org (aquí se puede consultar quiénes son, historiadores, sindicalistas, familiares de víctimas...) viven desde la llegada del nuevo Ejecutivo “una situación de inestabilidad que puede comprometer la supervivencia de la web”, según han manifestado en un comunicado.

“No tiraremos la toalla tan fácilmente. Sabemos que todavía hoy Todos (…) los Nombres tiene un importante papel que cumplir. El primero, completar la relación de víctimas del golpismo y el franquismo en Andalucía, Extremadura y norte de África. El segundo, continuar siendo una herramienta de relación, consulta y apoyo para familiares, asociaciones y personas preocupadas por el memorialismo”, prosigue el comunicado enviado a los medios.

“Así nos lo indican las casi 200.000 visitas registradas a lo largo del año pasado y el promedio de cinco correos que recibimos diariamente pidiéndonos información; muchos de ellos procedentes de instituciones administrativas locales, provinciales y regionales”, remacha la nota de prensa.

La web ha vivido desde su nacimiento "numerosas vicisitudes económicas". Ha recibido financiación de diferentes instituciones ⎯Junta, Gobierno de España, Universidades⎯ y entidades privadas, como en su momento alguna caja de ahorros. “En la práctica totalidad de estos años, la financiación ha sido completamente insuficiente, no ya para cumplir sus objetivos, sino para llevar una vida estable. Carencias económicas que han sido suplidas por el trabajo voluntario de su equipo, las aportaciones individuales de sus visitantes, una campaña de crowdfunding y la ayuda solidaria de cooperativas que nos han destinado parte de sus beneficios sociales”, afirman en todoslosnombres.org.

Los últimos dos años, la web había recibido de la Junta de Andalucía 10.000 euros que, para este año 2019, iban a verse aumentados hasta 15.000. “Lejos de un presupuesto normal, pero que permitía la continuidad de la página con los otros recursos ya apuntados: trabajo voluntario, aportaciones individuales, ayudas solidarias”. Hoy, no está claro que vaya a recibir esa subvención.

Utilidad pública y social

En el Parlamento se votó hace unas semanas una moción del PSOE en la que se instaba al Consejo de Gobierno “a incrementar la ayuda al Proyecto Todos Los Nombres, en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019 mediante una subvención nominativa”. Vox, PP y Ciudadanos votaron en contra. PSOE y Adelante Andalucía a favor. En el punto 9 del acuerdo entre PP y Vox se recoge "eliminar toda convocatoria de subvenciones a personas físicas o jurídicas que no cumpla evidentes fines de utilidad pública y social". Obviamente, la ultraderecha no considera que todoslosnombres.org cumpla "evidentes fines de utilidad pública y social". Aún está por ver si el PP piensa lo mismo.

Uno de los coordinadores de la web, Cecilio Gordillo, mantuvo este jueves un encuentro con Adelante Andalucía y está a la espera de mantener otro con representantes de la Consejería de Cultura. El viceconsejero de Cultura, Alejandro Romero, tiene previsto sentarse con los promotores de la web, pero la reunión aún no tiene la fecha cerrada, según indicaron a Público desde la Consejería.

Mientras el Gobierno andaluz deshoja la margarita, todoslosnombres.org ha lanzado un llamamiento público de apoyo a la página para este año 2019 por el que han recaudado hasta ahora cerca de 4.000 euros.

La web posee en estos momentos una base de datos con 97.400 (90.751 hombres y 6.195 mujeres) nombres de represaliados por el franquismo en sus diferentes y variantes  (fusilados, Consejos de Guerra (42.047), exilio (3.275), presos en cárceles (27.382), campos de concentración, trabajos forzados (9.166), expoliados (2.229), depurados de sus puestos de trabajo (780), vejadas/os (199), guerrilla (1.542), y procesados por Responsabilidades políticas (6.072) y procesados por el Tribunal de Orden Público (1.477).

Todos los nombres, según indican en la web, "fue la entidad que más datos entregó en la causa abierta hace unos años en la Audiencia Nacional con 22.400 nombres de víctimas mortales de la represión". Esa misma cantidad también fue entregada en Buenos Aires a la jueza Servini en la conocida como querella argentina.

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