El Gobierno aceptará la revisión de los juicios franquistas si sólo entraña consecuencias "morales"

10 Dic 2006
El Gobierno ha cambiado de criterio y ahora se muestra dispuesto a abordar la revisión de los juicios del franquismo en la Ley de Memoria Histórica que empezará a discutirse a finales de febrero próximo en el Congreso. Sería una revisión sólo a efectos de reconocimiento "simbólico y moral", por tanto, sin consecuencias jurídicas.

El Gobierno ha cambiado de criterio y ahora se muestra dispuesto a abordar la revisión de los juicios del franquismo en la Ley de Memoria Histórica que empezará a discutirse a finales de febrero próximo en el Congreso. Sería una revisión sólo a efectos de reconocimiento "simbólico y moral", por tanto, sin consecuencias jurídicas, pero se trataría a la postre de un claro gesto de acercamiento a las demandas de IU-ICV, ERC y las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

IU y ERC defenderán el próximo jueves en el Parlamento sendas enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley del Gobierno, por considerarlo poco ambicioso en su actual redacción. También habrá enmienda del PP, pero los populares intervendrán con intenciones bien distintas. Su objetivo es que, simplemente, no haya ley.

El Grupo Socialista empezará la negociación tras ese debate y confía en un acuerdo con las tres formaciones durante el trámite en comisión. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere que su grupo acuda a esa negociación "con mano tendida" a todos los grupos, incluido el PP.

De momento sólo hay insatisfacción en torno a la Ley de Memoria Histórica. Para la izquierda y los republicanos, el Gobierno se ha quedado corto en el reconocimiento de las víctimas del franquismo. A la decepción se unen todas las asociaciones relacionadas con la defensa de los represaliados por la dictadura. El PP, por su parte, sostiene que los españoles "no quieren hablar ni de Franco ni de la República", según el líder del PP, Mariano Rajoy. Además, con esta ley el PP trata de confrontar la etapa del actual Gobierno socialista con la del consenso durante la transición democrática.

Socialistas, IU y ERC comenzarán a negociar discretamente a partir de enero. En febrero se conocerán las enmiendas de cada grupo, las propias y las pactadas entre ellos, y empezará a desarrollarse el trabajo en comisión, ya con luz y taquígrafos. De momento, el PSOE prevé presentar sus propias enmiendas, al haber detectado en el texto legal carencias y necesidad de ajustes.

El Grupo Socialista va a elaborar un nuevo preámbulo o exposición de motivos, según tienen ya decidido el portavoz parlamentario, Diego López Garrido, y el portavoz de la Comisión Constitucional y ponente de este proyecto de ley, Ramón Jáuregui. Los socialistas quieren precisar al máximo su voluntad de "ajustar deudas con la historia sin romper las bases de convivencia y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia", señala Jáuregui.

Uno de los aspectos más polémicos que separa al PSOE de IU-ICV y de ERC es la exigencia de éstos de anular las sentencias que se dictaron en función de legislaciones y tribunales de excepción surgidos de una rebelión contra el Gobierno legítimo de la República. La ley que aprobó el Gobierno el pasado 28 de julio descarta esa anulación de resoluciones judiciales. Gaspar Llamazares, coordinador de IU, así como el portavoz del grupo, Joan Herrera, han mantenido desde entonces sin mucho éxito una fuerte ofensiva para que el Ejecutivo cambie de opinión.

Fórmula por determinar

No habrá tal rectificación, pero sí un gesto de acercamiento. El Gobierno y el Grupo Socialista se plantean con seriedad la posibilidad de "abordar la revisión de esos procesos judiciales del franquismo, sólo si tal revisión tiene efectos simbólicos y morales para declarar solemnemente que las condenas fueron totalmente injustas", informan interlocutores de la negociación. La fórmula está "por determinar", informan las mismas fuentes.

En todo caso, se descarta expresamente la anulación de los juicios, es decir, su "revocación", por el "estallido jurídico" que provocaría y las consecuencias que traería. "¿Se abrirían vías de reclamación y también incluso de persecución penal a los juzgadores… ?", se preguntan esas mismas fuentes. El Grupo Socialista considera que, seguramente, "sería de justicia" hacerlo, pero podría poner en cuestión todo el entramado de seguridad jurídica de 40 años de dictadura.

Para afianzar esta tesis de no remover la arquitectura jurídica del franquismo se ha tomado en consideración una sentencia del pasado 21 de septiembre por la que el Tribunal Superior Militar deniega el recurso de revisión contra el consejo de guerra que condenó a muerte al ex ministro anarquista de la República Juan Peiró Belis, el 21 de julio de 1942 en Valencia. La resolución se basaba en que "producido el Glorioso Movimiento Nacional", el condenado formó un comité revolucionario que, "si bien no ha podido precisarse que lo presidiera, se le considera responsable directo de los asesinatos [que cometió]". La sentencia del Tribunal Superior Militar desestima la revisión (y por lo tanto la anulación) de la condena a muerte solicitada por sus hijos, por la ausencia de nuevos elementos de prueba "que evidencian la inocencia del condenado".

Zapatero y la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que es quien ha conducido la tarea de escuchar cientos de testimonios y estudiar miles de documentos antes de la elaboración del proyecto de ley, pretenden afrontar ahora la negociación con espíritu de "mano tendida" a todos los grupos y, desde luego, al PP.

En la modificación prevista, el Grupo Socialista considerará la inclusión de nuevos colectivos susceptibles también de reconocimiento y que el proyecto de ley no tuvo en cuenta. Pero de nuevo, el "camino de perfección" que persiguen IU y ERC tampoco podrá ser satisfecho porque su afán de reconocimiento de todo aquel que se siente afectado por la dictadura franquista hace imposible la empresa.

En la discusión parlamentaria del próximo jueves, IU y los republicanos escucharán del PSOE, a través de Jáuregui, el recordatorio de lo que ya se ha hecho en favor de los que sufrieron el levantamiento franquista contra la legalidad republicana. Desde hace 30 años, todos los Gobiernos se han ocupado de las víctimas de la dictadura, dirá el PSOE.

Entre los dirigentes del grupo mayoritario se da por seguro que las mayores dificultades las pondrá el PP. Los socialistas no pueden aceptar que esta iniciativa les sirva para acusar a Zapatero de guerracivilista y de reprocharle que cuestione la transición. Jáuregui recordará al PP que no tiene que colocarse en el lado de los que se levantaron contra los vencedores de la guerra ni identificarse con el franquismo. Tampoco se trata de hacer una ley de memoria histórica colectiva, sino de reconocer el derecho de los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar, "sin ira y sin afanes vengativos".


ANABEL DÍEZ / EL PAIS


Recursos sin éxito ante la Sala de lo Militar del Supremo

EL PAÍS - Madrid - 09/12/2006

El recurso extraordinario de revisión, un instrumento jurídico previsto para anular las resoluciones judiciales manifiestamente injustas, se ha convertido en una de las vías preferidas por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista para tratar de restaurar la memoria de sus parientes. Pero, por el momento, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ni siquiera ha autorizado a ninguno de los reclamantes a formalizarlo, rechazándolos siempre en un trámite previo.

El último pronunciamiento judicial de este tipo tuvo lugar la pasada semana, cuando la Sala denegó a las hermanas del ex ministro republicano Juan Peiró Belis, la autorización para reclamar la anulación de la condena a muerte que le impuso un consejo de guerra franquista el 21 de junio de 1942. El Supremo entendió que no existían nuevos elementos de prueba que acreditaran el error del fallo.

A esa misma conclusión llegaron los magistrados en el caso de José Pellicer, cofundador y delegado de la mítica Columna de Hierro que combatió a los rebeldes franquistas en Valencia y que también fue fusilado el 8 de junio de 1942 tras un consejo de guerra que lo acusó de adhesión a la rebelión. El letrado de su hija Coral, que pedía la nulidad de la condena, entendía que "a partir de la entrada en vigor de la Constitución española, debe aplicarse el recurso de revisión en los procedimientos donde la forma del proceso y la ejecución del mismo se realizaron sin ninguna garantía de los derechos fundamentales a un juicio justo".

La Sala Militar del alto tribunal respondió que la Constitución, la única norma citada en el recurso de la hija de Pellicer, "no tiene efectos retroactivos, por lo que no cabe intentar enjuiciar, mediante su aplicación, los actos de poder producidos antes de su entrada en vigor".

Aun así, estas reclamaciones han conseguido dividir a la Sala, cuyas decisiones no suelen ser unánimes. En el caso del ex ministro fusilado Peiró, los magistrados Ángel Juanes Peces y José Luis Calvo Cabello, presentaron sendos votos particulares en los que discreparon de la decisión final por entender que el Bando de la Junta de Defensa Nacional de 28 de julio de 1936 que declaró rebeldes a los que se alzasen contra los franquistas infringió la legalidad, y el único delito vigente entonces era el de rebelión contra la República. El voto particular presentado por Calvo Cabello en el recurso de revisión de la familia de Pellicer, pedía la "nulidad radical" del juicio porque el consejo de guerra que lo condenó era, según el magistrado, "ilegítimo, dependiente y parcial". Ilegítimo porque provenía de los consejos de guerra creados por los sublevados contra la República ; dependiente porque todos sus miembros dependían del dictador Francisco Franco ; y parcial porque formaba parte de uno de los bandos que pretendía "construir un nuevo Estado".

El magistrado cuestionó también la validez de las pruebas, basadas en testimonios y declaraciones autoincriminatorias de otros presos políticos republicanos tomados en otros procesos sumarísimos.


ENTREVISTA La Ley de Memoria Histórica EMILIO SILVA

"El Gobierno nos ha usurpado el Año de la Memoria Histórica"

Emilio Silva (Elizondo, Navarra, 1964), cuyo abuelo fue fusilado el 16 de octubre de 1936, preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) desde su creación en 2000. El número de socios registrados de esta asociación "que nunca ha tenido sede", es de 350, pero en estos seis años "han ayudado a exhumar los cadáveres de 60 fosas de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura".

Pregunta. La ARMH siempre ha sido contraria a la propuesta del Gobierno de la Ley de Memoria Histórica.

Respuesta. Le transmitimos al Gobierno todos nuestros informes, muchísima documentación, remitimos más de 300 noticias de la hemeroteca de la dictadura en las que se hablaba de la exhumación de cadáveres pagadas con dinero de todos. Y lo único que hemos conseguido es que se inste a los organismos locales a facilitarnos las cosas.

P. ¿Por qué es tan importante que el Gobierno les ayude para la apertura de fosas ?

R. Porque no se puede depender únicamente de un grupito de voluntarios que dedican sus ratos libres y vacaciones a trabajar en las fosas.

P. ¿Han recibido algún apoyo institucional ?

R. Tenemos aprobada una subvención de 180.000 euros para apertura de fosas, grabación de testimonios… Pero no deja de ser un parche. Presentamos tres proyectos con excavaciones y si podemos haremos más. De hecho, al principio dudamos si aceptar la subvención.

P. ¿Por qué ?

R. Hasta ahora ninguna de nuestras actuaciones ha recibido ayuda del Estado. Las subvenciones las concedieron hace meses y las retrasaron por una cuestión política. Teníamos un montón de fosas por abrir, pero no teníamos los fondos necesarios para hacerlo… Al final lo hicimos porque las familias no son piedras. Se pasan el tiempo esperando que llegue el verano para que se haga y recuperar su memoria, y no puedes decirles que no. Ahora seguimos esperando los fondos. No puede ser que el Estado no haga nada. Que lo despachen con un "instamos a que…"

P. ¿Qué sucederá con la proposición de ley ?

R. No tenemos muchas esperanzas. Imaginamos que se cambiarán algunos puntos, pero no todo. Parece que si tocamos algo nos vamos a volver a matar.

P. ¿Cómo se siente al asistir a una exhumación ?

R. Es una sensación complicada, pero muy positiva. Estás con gente que lleva años esperando. La exhumación es un tema muy privado, que de repente aparece en la vida pública y se habla de ello en el bar, en la plaza… Es una catarsis. Una señora de Sevilla, durante una reunión con las familias, se levantó y dijo : ’En mi pueblo hay una fosa con 17 cadáveres : voy a leer los nombres’. Los leyó y dijo, ’ahora me callo porque me ha dicho mi madre que no me signifique’. Esto es muy importante. Durante estos años ha sido insignificante y ahora, de repente, recuperan el significado. Hay gente que antes no se atrevía casi ni a pensar en ello. Son ciudadanos que nacen porque hasta ahora nunca se les había permitido salir de ahí. El grito de ’quieto todo el mundo’ dejó a la gente así. Quieta. Se paralizó todo. Por todo esto es vergonzoso que el Gobierno no esté ahí.

P. Aventure una solución a este desencuentro.

R. Lo ideal sería una actuación común entre el Gobierno y las asociaciones. Nosotros estamos ahora colaborando con psicólogos sin fronteras.

P. ¿Qué le ha parecido la celebración en 2006 del Año de la Memoria Histórica ?

R. Creo que nos lo han usurpado. No se ha hecho nada. La ley se publicó en el BOE del pasado 8 de julio y en lo único que se ha convertido es en dos sellos con un diseño lamentable. Institucionalmente no ha habido nada, o muy poco. Aunque no es raro lo que ha pasado. El caso de que se declare en julio 2006 como Año de la Memoria es bastante significativo. Como para que parezca que se hace algo. Han incumplido el espíritu de la ley, que decía muy claramente que se debía conmemorar el aniversario de la Guerra Civil.


La Ley de Memoria Histórica

IU y ERC reclaman la nulidad de todas las sentencias El proyecto de ley choca en puntos clave con los textos alternativos de ambas formaciones

NURIA TESÓN - Madrid

El proyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno llegó a finales de julio y unió en el lado de los insatisfechos a IU-ICV, ERC y PP, que han presentado enmiendas a la totalidad, aunque por motivos distintos. A los dos primeros grupos les parece insuficiente, mientras que los populares la consideran "innecesaria, irrelevante y falsaria".

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