Paradoja política de las fosas. Córdoba (IU) se opone a abrir un enterramiento y Málaga (PP) da dinero

Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.


Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.

Rosa Aguilar pone trabas a la familia de un fusilado que quiere exhumarlo

De la Torre financia el desentierro de la que se cree mayor fosa de España.

El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.

La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".

Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".

El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.

El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".

En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.

El País Andalucía/ M. J. ALBERT / D. NARVÁEZ - Córdoba / Málaga - 30/11/2008


El goteo de la memoria. La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía

La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630.

Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado ; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.

Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo.

El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común : "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso : los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.

Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.

La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009 : 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.

La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.

El País Andalucía/ ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008

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